La fallida nueva Ley de Aguas de Baja California

"La pretendida privatización y mercantilización del recurso hídrico en Baja California"

Cuando un Gobierno Estatal busca los recovecos para lograr que el agua deje de ser un Derecho que deba estar garantizado por el Estado, para convertirlo en una mercancia que deba ser cuidada con precios altos para que la gente aprenda a valorarla, entonces cualquier justificación que haga en torno a resolver el problema del acceso al liquido resulta en una simplificación de los hechos: "la mercantilización de los recursos naturales para que tengan acceso aquellos que tienen los recursos económicos".

La solución planteada para contar y ampliar la cobertura del liquido en el Estado, se resumieron a un incremento generalizado de las tarifas y una nueva Ley que buscaba entre otras cosas darle certeza jurídica a la iniciativa privada en la producción (desalinizadoras) y distribución del agua.

Si bien, el Gobierno del Estado de Baja California incurre en una serie de violaciones constitucionales y legales para administrar la operación del Sistema de Agua en los cinco municipios, y con ello evitar generar las competencias en los gobiernos municipales que les permitán cumplir con la división de funciones, esto ha generado el empoderamiento del Gobierno del Estado en el tema, y por ello, se sintio con el mismo necesario de presentar y publicar una nueva Iniciativa de Ley de Aguas que a la postre se convirtio en Ley al ser publicada en el Periodico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2016, y que tuvo que ser abrogada el 16 de enero de 2017, dando una muestra de como en el Estado se planea, se toman decisiones y se piensa en el mediano y largo plazo.

Dicha Ley establecía:

1. El agua como una mercancía que se debe comportar bajo los estandares del mercado y que su precio deba determinarse por este, actualizado con incrementos mensuales de acuerdo al INPC (Inflación).

2. La iniciativa privada puede participar en la generación, distribución, cobro, infraestructura y en la aguas tratadas, dadose una privatización de facto.

3. Se incluye el concepto de aguas del Gobierno de Estado, para generar un nuevo concepto que permita darle la vuelta a las aguas nacionales, y con ello a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Entre otras muchas cosas que se pueden apreciar en la nueva Ley.

Las movilizaciones sociales de los últimos días impulsadas por el contexto que estamos viviendo (precios altos del gas, de la gasolina, subida generalizada de los impuestos locales, estatales y federales) han generado que la clase baja y media salga a las calles, con una tibia solidaridad de los empresarios estatales. Lo anterior, no se había logrado desde hace décadas en el Estado y ha generado que ahora sí, la última palabra la tengan los ciudadanos de Baja California. Ya que no se dejaron ilusionar con las soluciones y discursos populistas del Gobernador tratando de minimizar el impacto.

La situación se ha vendido agravando durante los últimos meses. No es momento de banderas políticas, es el momento de plantear soluciones de largo plazo que permitan a la ciudadanía vivir mejor y con mejores servicios, porque nos merecemos mejores políticos y mejores condiciones de vida.